Se comparte en redes sociales que desde el gobierno se están financiando programas para «ejecutar acciones de violencia contra el Estado», pero esto es #Falso. El afiche que se comparte corresponde solo a una actividad dentro de una investigación de cuatro años con el objetivo de analizar el sufrimiento de las víctimas de violencia institucional ocurrida en Chile desde el inicio del estallido social.
Respaldados por un estudio de riesgos de la Universidad Mayor, vecinos de Nueva Imperial denuncian que un proyecto de viviendas sociales del Serviu rellenó un humedal no reconocido para la construcción de viviendas sociales. Lo anterior, acusan los vecinos, pone en peligro de inundación a la comunidad colindante. El proyecto fue rechazado por el SEA en 2019, pero en esta ocasión no ingresó a evaluación ambiental.
La medida fue tomada de mutuo acuerdo con la defensa y paralizó por 60 días el procedimiento de cobro de $11 millones en horas extras irregulares detectadas por Contraloría en 2021, cuando el diputado Agustín Romero ejercía como jefe jurídico de la Municipalidad de Santiago durante la gestión Alessandri. No obstante desde el municipio aseguran que "la nueva administración no tiene la intención de modificar el curso de estas acciones legales".
El pasado 5 de enero el Ministerio de Transportes ingresó por segunda vez a Contraloría el reglamento a la "Ley Uber", normativa aprobada en 2023 y que hasta la fecha no puede ser aplicada. Fast Check Cl se contactó con algunas de las apps a las que rige, sin embargo, prefirieron omitir su respuesta. No obstante desde Alianza In revelaron que presentarán observaciones a Contraloría.
Después de que Fast Check CL diera a conocer que la compra del inmueble del expresidente Salvador Allende por 24 mil UF tuviera como una de las beneficiarias a la actual ministra de Defensa, Maya Fernández, la UDI y RN decidieron acudir a Contraloría y al Consejo de Defensa del Estado, respectivamente, para definir la legalidad de la transacción.
Tras denuncias por sobreproducción salmonera, la Contraloría realizó una auditoría a las funciones de fiscalización de Sernapesca. Sin embargo, debido a que estos procesos están judicializados, acotó su revisión a los procesos de denuncia. En esta línea, emitió una única recomendación al servicio: implementar “medidas de revisión y monitoreo pertinentes a los trabajos de análisis de datos que realiza su personal en los archivos Excel”.
Para velar por la transparencia, en 2023 el ente contralor ordenó que las corporaciones municipales publiquen sus estados financieros siguiendo un estándar internacional de contabilidad. Sin embargo, tras solicitud de las corporaciones Vitacura, Providencia, Las Condes, entre otras, la contralora Dorothy Pérez dictaminó ampliar el plazo hasta 2026.
En 2021, Contraloría publicó un informe reportando el pago de horas extras injustificadas a Juan Francisco García Mac-Vicar, administrador municipal de la gestión de Felipe Alessandri. Hoy García, quien es investigado por fraude al fisco tras una demanda de la Municipalidad de Santiago, figura como el nuevo administrador de Max Luksic en Huechuraba.
Los $49 millones de gastos reservados utilizados por Monsalve han puesto en tela de juicio el proceso de rendición de este monto y han abierto un flanco que podría escalar hasta Contraloría.
En junio, la Municipalidad de Santiago entregó cerca de 4 mil gift cards para ayudar a los vecinos con gastos de alimentación con el programa “STGO Te apoya”. Sin embargo, tras denuncias, Contraloría ordenó un proceso disciplinario pues el monto pagado por las tarjetas superó los $280 millones acordados en las bases de la licitación. El ente también apunta a que “no correspondió que el volante de difusión plasmara el nombre de la alcaldesa y del concejo municipal”.
Los trenes fueron adquiridos mediante contratos suscritos por la empresa entre 2018 y 2020, y significaron el desembolso de $18 mil millones en el 2022.
El reglamento había sido retirado el pasado 26 de junio, dado que el ente fiscalizador presento observaciones al respecto. La ministra Jeanette Jara señaló que "entendemos la preocupación por parte de las empresas, de los trabajadores y del mundo laboral en general, respecto de esta nueva normativa".
La fundación creada por la diputada Ana María Gazmuri, firmó un convenio entre junio de 2015 y mayo de 2016, para un proyecto que contemplaba instruir a 14 municipios sobre un fármaco en base de cannabis. Los municipios involucrados, desembolsaron entre 17 y 35 millones de pesos, sin embargo, solo dos de ellos recibieron el medicamento, otros dos obtuvieron un número menor a lo acordado, y el resto no lo recibió.
El día de ayer se anunció que Luis Arteaga presentó su renuncia tras revelarse, de acuerdo a una auditoría de Contraloría, que ocurrió una eliminación masiva de listas de espera. Artega había asumido el cargo en enero de 2023.
«Siempre cuando aumenta la oferta, se perjudica la demanda que, en este caso, son los peluqueros que están establecidos». Con estas palabras, Juan Carlos Gatica, vicepresidente de la Confederación Nacional Gremial de Peluqueros y Estilistas de Chile (Congrepech), nos entrega su visión sobre la masiva instalación de barberías en Chile, un tema que ha generado controversia en los últimos días.
A raíz de la candidatura de Reinaldo Vallejo para alcalde de Algarrobo, circula en redes sociales que él se ganó una licitación de 300 millones de pesos para instalar aires acondicionados en el Palacio de La Moneda. Sin embargo, un dictamen de la Contraloría desmiente este rumor que inició en 2014, por lo que Fast Check califica el contenido viral como falso.
Un informe de Contraloría reveló graves falencias en el control fronterizo por parte de la Policía de Investigaciones. De acuerdo a Mega, extranjeros que habían sido expulsados anteriormente, lograron entrar por pasos habilitados al país. Asimismo, da cuenta de expulsiones no materializadas.
Entre los detalles de la acusación, se indica que en el juego también habrían participado personas externas del organismo.
Según lo consignado por Radio Biobío, la solicitud contempla los planes de riesgos naturales, ubicación de grifos, funcionarios a cargo de la gestiones de riesgo; entre otros.
La Contraloría General de la República emitió varios informes de las seremías del Ministerio de Vivienda a nivel país, detectando una serie de irregularidades y un posible modus operandi. En este explicativo, Fast Check CL te cuenta los principales hallazgos del ente fiscalizador.
Lectores de Fast Check CL nos consultaron sobre la veracidad de un correo viralizado en redes sociales, en la que se notifica a asistir a una charla sobre la nueva Constitución de manera «obligatoria» en el Hospital Barros Luco Trudeau. Fast Check CL se contactó con el centro hospitalario, donde nos confirmaron que la información es cierta.
La Contraloría General de la República publicó un informe el mes pasado, donde señala que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) ha autorizado productos plaguicidas para cultivos que están prohibidos en su uso por la Unión Europea (UE), debido al riesgo que podría producir en la salud de las personas que se exponen a ellos. A partir de eso, un post de Instagram viralizó el titular: «SAG aprueba 99 plaguicidas de los cuales 40 están prohibidos en la Unión Europea», lo cual Fast Check CL calificó de Incompleto al contemplar solo una parte de la información referida a las prohibiciones de la UE.
Un texto titulado «Contraloría autoriza controles en domicilios» se viralizó por redes sociales, aludiendo a un dictamen que generó la Contraloría General de la República (CGR), donde se le agregaba, a la Seremi de Salud, la nueva facultad de fiscalizar recintos privados sin permiso de sus moradores, para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias, en el marco, exclusivo, de la pandemia del Covid-19. Tras revisar la prensa, el documento oficial y haberlo corroborado con CGR, Fast Check CL califica como Real la información entregada.
El equipo de Fast Check CL comprobó que la alcadesa de Codegua, Ana Silva Gutiérrez aumentó en más de un 50% el sueldo de sus primos, funcionarios municipales de la Municipalidad de Codegua.
El equipo de FastCheckCL pudo comprobar mediante la revisión de la Ley Nº 21.226 que efectivamente el Poder Judicial (PJUD) podrá realizar las suspensiones de trabajo presencial, que considere pertinentes amparado en esta legislación.
