El CDE acusa a Andrés Bustamante, ex jefe de Gobierno Digital del segundo gobierno de Sebastián Piñera, y otros cinco funcionarios, de pagar 4.900 UF ($138.723.214 al cambio de 2019) por informes que realizaron dentro de la división, pero que fueron entregados a empresas para que los presentaran como propios. El consejo solicitó investigar el patrimonio de los denunciados y no descarta una demanda civil.
A pesar de que el fiscal a cargo solicitó sobreseer a la minera del grupo Luksic, el Consejo de Defensa del Estado perseveró y presentó la querella contra quienes resulten responsables de “haber intentado engañar a la autoridad ambiental mediante la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental ocultando información esencial de forma maliciosa”.
Por daño ambiental en el Salar de Suire, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandó a la minera Quirobax S.A. Según la acción judicial presentada por el organismo, la firma habría generado un impacto que las actividades de la firma habría generado un impacto ecosistémico.
Esto, en el marco de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía sobre eventuales delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, entre otros.
En 2019 vino la primera alerta, cuando el embajador de la época en el país norteamericano informó de la situación.
El exministro de Defensa del gobierno de Sebastián Piñera es ahora Consejero del Consejo de Defensa del Estado (CDE) desde el viernes pasado, cuando el mismo mandatario lo designó al cargo. Cuestión que levantó reacciones negativas desde algunas veredas, tal como ocurrió unos años atrás con Javiera Blanco, exministra de Michelle Bachelet, designada por la misma en 2017.
Es real que Codelco que se querelló por delitos de cohecho y soborno contra el expresidente de la minera chilena, Nelson Pizarro, su hijo y ex socio del hijo.