Ayer miércoles, la Policía de investigaciones arrestó a uno de los miembros del Tren de Aragua que fue liberado por la jueza Daniella Pinto, tras la revisión de sus medidas cautelares en la comuna de Los Vilos.
Cinco carabineros de Purranque, en la región de Los Lagos, fueron absueltos de los cargos de consumo de alcohol en servicio tras descubrirse defectos en los dispositivos de medición utilizados. A pesar de los resultados positivos iniciales de los alcotest, el juez militar desestimó las pruebas por la descalibración de los equipos.
La Corte de Apelaciones ha respaldado el embargo casi total del sueldo de la jueza Claudia Montero, del Tribunal Oral de Chillán, debido a una millonaria deuda adquirida en 2013, lo que la llevará a recibir $10 mil mensuales durante los próximos diez meses. Este fallo se originó por una demanda en la que aún no se ha recibido el dinero adeudado, que asciende a 65 millones de pesos con reajustes e intereses.
La investigación, respaldada por la Fiscalía y las autoridades policiales, revela la existencia de más de 40 archivos de contenido sexual en el dispositivo móvil de Alonso Arancibia, juez del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar. A pesar de la formalización, Arancibia sostiene su inocencia, mientras el proceso legal avanza con una investigación que promete profundidad en los próximos 120 días.
Publicaciones en redes sociales afirman que un ex juez de Garantía, formalizado por hurto en Curicó, asumió como nuevo magistrado del Juzgado de Letras del Trabajo de la misma ciudad. Mediante búsqueda activa y consulta directa con el Poder Judicial, se comprobó que la aseveración es #Real.
Hoy 25 de marzo, el juez Daniel Urrutia, magistrado del 7º juzgado de garantía de santiago, decidió “de oficio” sustituir la medida cautelar de “prisión preventiva” de 13 imputados de la “primera línea”, que estaban recluidos en el penal Santiago 1, por “arresto domiciliario total”, argumentando razones humanitarias.
Acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, la titular de Interior, Carolina Tohá y una frustrada contra el presidente Boric, han abierto un flanco entorno a la finalidad de los libelos acusatorios. Expertos señalan que pese a ser un mecanismo de control, actualmente, se usa como una herramienta política, desvirtuando su rol principal.
Fiscalía le imputa 229 casos de omisiones de apremios ilegítimos durante el estallido social a los exgenerales Ricardo Yáñez y Mario Rozas, y al exsubdirector, Diego Olate. Entre los casos emblemáticos, figuran los de Fabiola Campillai, Gustavo Gatica y Cristian Valdevenito.
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