Luis Humeres Aguilera, general en retiro, impactó su camioneta contra un semáforo ubicado en la intersección de las avenidas O’Higgins y Padre Hurtado. Al realizarle el alcotest, Carabineros, constató que Humeres mantenía 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.
El departamento había sido arrendado por una pareja que no ha sido encontrada. Se conoce que uno de ellos tendría antecedentes por estafa.
La banda estaba compuesta por dos menores de edad y dos adultos, quienes se transportaban en un vehículo de alta gama por la calle Placilla.
El hallazgo se produjo en la 49° Comisaria de Quilicura, debido a la caída de un cielo falso en el baño. El desprendimiento causó la caída de bolsas que, en su interior, contenían marihuana y cocaína. Se llevará acabo una investigación interna.
Cinco carabineros de Purranque, en la región de Los Lagos, fueron absueltos de los cargos de consumo de alcohol en servicio tras descubrirse defectos en los dispositivos de medición utilizados. A pesar de los resultados positivos iniciales de los alcotest, el juez militar desestimó las pruebas por la descalibración de los equipos.
Carabineros de la 25° Comisaría de Maipú están investigando la trágica muerte de una joven de 23 años en situación de calle, hallada sin vida frente al Hospital El Carmen. La mujer fue encontrada por su amiga, quien alertó a la policía al notar que no respondía luego de haberse acostado con el cuerpo mojado tras caer en una poza de lluvia mientras estaba ebria, lo que, combinado con las bajas temperaturas, podría haber causado su fallecimiento por hipotermia.
Al menso trece carabineros de la Segunda Comisaría de Santiago fueron detenidos por presunta corrupción, hurto y cohecho, tras una investigación detallada de la Fiscalía Centro Norte y la unidad de Asuntos Internos. Estos oficiales habrían exigido dinero a comerciantes de origen chino en el barrio Meiggs y otras áreas a cambio de protección, además de tener vínculos con vendedores ambulantes y traficantes de drogas. Las detenciones se produjeron después de un allanamiento sorpresa liderado por la fiscal Marcela Adasme, tras rumores de coimas y corrupción dentro de la comisaría.
El Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a Gerardo Leal Robles a 10 años de prisión por el incendio de la Iglesia San Francisco de Borja durante el estallido social en enero de 2020. La condena incluye cuatro años por lanzar artefactos incendiarios y seis años por el incendio.
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