Una pérdida de $4.000 millones generó el atentado incendiario a la empresa Rucalhue Energía S.A el pasado 20 de abril. Con cerca de 50 vehículos quemados y atacando a los guardias del sitio, el ataque ha sido calificado como “el más grande de la historia de la Macrozona Sur”.
En este contexto el Ministerio de Seguridad Pública, con Luis Cordero a la cabeza, anunció el ingreso de una querella en contra de los involucrados. El documento, al cual tuvo acceso Fast Check CL, cuenta con Francisca Souper Aburto y Felipe Guerrero Sánchez como abogados patrocinantes.
La primera querella del nuevo Ministerio de Seguridad Pública
Ingresada en el Juzgado de Letras y Garantía de Santa Bárbara, la querella acusa a “todos quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores” de los hechos ocurridos el pasado 20 de abril en la central hidroeléctrica Rucalhue.
Los ilícitos que se imputan contemplan el delito por Asociación Terrorista, tipificado en el artículo 1º de la Ley Antiterrorista. Por otro lado, se imputa el delito de Incendio, y tres delitos asociados a la Ley N° 17.798 sobre Control de Armas: Porte Ilegal de Arma de Fuego, Porte Ilegal de Arma de Fuego Prohibida y Disparos Injustificados.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, los querellados -cuyos nombres se mantienen en reserva- arriesgan penas que van desde los 3 hasta los 20 años de cárcel, los cuales sumados por cada uno de los delitos podrían llegar a ser décadas de presidio para quienes resulten responsables.
Si bien la querella fue ingresada, por el momento se encuentra en estado de tramitación a manos del Ministerio Público, quienes, de acuerdo con el documento, se encargarán de “dar con la identidad de los responsables, formalizarlos, acusarlos y, en definitiva, condenarlos a las penas establecidas por la ley“.
Para ello, se solicitó a Policía de Investigaciones (PDI) levantar evidencia, entrevistar testigos, y hacer peritajes con el fin de proceder a imputar a los sujetos responsables.
