El pasado 11 de abril, la UDI presentó una querella criminal ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en contra de quienes resulten responsables por diversos delitos contra la probidad pública vinculados a la fundación ProCultura, comandada por el psiquiatra Alberto Larraín
La acción judicial, a la que tuvo acceso Fast Check CL, incluye acusaciones por fraude al fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida, fraude en la suscripción de contrato aleatorio y fraude al seguro frustrado.
Según se detalla en la querella, ProCultura -constituida en 2009 por Alberto Larraín Salas y Patricia Ilonka Csillag Pimstein- fue creada con fines culturales y sociales, aunque con el paso del tiempo amplió su giro comercial para incluir venta y edición de libros, y más recientemente, actividades de enseñanza. En noviembre de 2023, la fundación cerró sus operaciones, en el contexto de sus vínculos con el escándalo del denominado “Caso Convenios”.
Contratos con gobiernos regionales
La querella menciona diversos convenios suscritos por la fundación con gobiernos regionales, por montos que superan los $3.000 millones. Uno de ellos fue firmado con el Gobierno Regional de Antofagasta, por $629.815.000 para la recuperación de fachadas en la zona de conservación histórica de la ciudad.
Otro convenio, firmado con el Gobierno Regional del Biobío, ascendió a $2.553 millones. De acuerdo al libelo, este último se tramitó en un plazo de solo 27 días.
En el caso de Ñuble, la fundación recibió $268.100.000 para el programa “Transferencia fortalecimiento de la integración con Argentina, Encuentro Binacional Ñuble”.
El programa “Quédate”
Uno de los puntos centrales de la querella apunta a la aprobación y ejecución del programa “Quédate”, financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), por un monto de $1.683.788.000. La propuesta fue presentada por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego Larraín, y aprobada por el Consejo Regional el 29 de junio de 2022.
Según afirma el escrito, el 9 de noviembre de ese año se transfirieron los fondos en una sola cuota a la cuenta de ProCultura. No obstante, en enero de 2024 el convenio fue liquidado tras múltiples querellas presentadas contra la fundación en otras regiones y ante la presión pública. El Gobierno Regional ordenó la restitución de $1.015 millones por no haber sido rendidos.
La querella también apunta a que el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, fue nombrado en junio de 2022 como director de la Corporación de Desarrollo Regional por el mismo gobernador Claudio Orrego, con quien mantendría vínculos desde su paso por la Municipalidad de Peñalolén.
Las diligencias solicitadas
El escrito detalla los fundamentos que configurarían los delitos denunciados, incluyendo fraude al fisco por administración desleal, tráfico de influencias por posibles gestiones indebidas entre autoridades y miembros de la fundación, y apropiación indebida de fondos públicos por más de mil millones de pesos no rendidos.
Entre las diligencias solicitadas por la UDI al Ministerio Público figuran:
- Investigación a cargo de la Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos (BRIDEC).
- Levantamiento de secreto bancario de los principales involucrados.
- Citación a declarar a Claudio Orrego, Alberto Larraín, Patricia Csillag, Miguel Crispi, María Constanza Gómez y Consuelo Estadella.
- Oficios al GORE Metropolitano y al Servicio de Impuestos Internos.
