Los detalles del histórico fallo del TC que selló la destitución de Isabel Allende

El Tribunal Constitucional emitió un histórico fallo contra Isabel Allende y sus más de tres décadas de trayectoria parlamentaria. La resolución responde a un requerimiento presentado por el Partido Republicano y Chile Vamos tras el fallido proyecto de compra-venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

La tarde de este jueves 3 de abril, se anunció que la senadora de la República, Isabel Allende, sería destituida. Este fallo, dictado por el Tribunal Constitucional (TC), nace a partir de la implicación de Allende en la frustrada compraventa de la casa del ex presidente Salvador Allende, y de un requerimiento por parte de la oposición que solicitaba el cese de sus funciones legislativas por infringir una norma constitucional.

Las esquirlas de este caso ha traído consigo la salida de distintas autoridades de sus cargos, como el de la exministra de Defensa, Maya Fernández, y Marcela Sandoval, otrora titular de Bienes Nacionales.

¿Cuál es la génesis?

El caso arrancó a partir de un reportaje publicado por Fast Check, en el cual se develó que el Gobierno de Gabriel Boric, a través del ministerio de Bienes Nacionales, buscó comprar la vivienda de Salvador Allende ubicada en Guardia Vieja para transformarla en un museo en memoria del líder de la UP. El ejecutivo trató de comprar el inmueble en 24.291,72 UF (933 millones de pesos).

Sin embargo, como propietarias de la edificación, en el contrato de compraventa participaron la ahora ex senadora Isabel Allende y la ex Ministra de Defensa, Maya Fernandez (PS). 

Antecedentes

El 13 de enero, diputados del Partido Republicano presentaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Este buscaba la destitución de la senadora Isabel Allende, quien cuenta con una basta carrera parlamentaria.

Este requerimiento planteaba que la senadora, a través de la compra de la casa de Guardia Vieja, transgredió el artículo 60 de la Constitución. 

Dicho artículo plantea la prohibición para diputados y senadores de celebrar contratos con el Estado mientras se encuentren ejerciendo sus funciones legislativas.

“Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado…”

Esto aplica a un contrato que implique una venta, arriendo o prestación de servicios. Así como también en un contrato con el Estado en el cual el funcionario figure como aval, fiador o respaldando de alguna manera la obligación de otra persona.

La Resolución del Tribunal Constitucional

Este jueves 3 de abril, trás cerca de 2 horas de sesión, el Tribunal Constitucional falló a favor del recurso presentado por republicanos. El TC determinó que, en efecto, la hija de Allende vulneró la Constitución.

Por el Partido Republicano expuso el abogado Emiliano García y Máximo Pavez ,en representación de Chile Vamos. En tanto, la senadora socialista fue defendida por el abogado Gabriel Osorio (PS).

Es la primera vez, en medio siglo, que el Tribunal Constitucional interpreta el artículo 60 de la Carta Fundamental.  Además, anteriormente, la jurisprudencia de la corte había rechazado todos los intentos por destituir parlamentarios hasta ahora.

Con este fallo, termina la carrera de más de 31 años ininterrumpidos de Isabel Allende en el Congreso Nacional. Además, se crea un precedente histórico en cuanto a control constitucional sobre autoridades electas.

Las declaraciones

Ahora los ministros Silva, Fernández y Mera redactarán la sentencia en contra de Isabel Allende, la cual tendrá efecto cuando se presente ante la Sala del Senado.

Por su parte, Allende se ha abstenido de dar declaraciones al respecto. Así mismo lo ha hecho el Partido Socialista de manera oficial. Sin embargo, el Senador Juan Luis Castro se refirió públicamente al tema. A través de La Tercera, el Senador Castro arremetió contra el Ejecutivo, señalando que “es una acción originada e iniciada en una iniciativa del gobierno”. y enfatizó que esta administración “tuvo una responsabilidad antes, durante y después, me sorprende que no haya tenido la suficiente delicadeza para advertirlo”.

En paralelo, tanto Allende como Maya Fernandez, enfrentan como imputadas una investigación penal que dirige el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, ante una querella presentada por el abogado republicano Raimundo Palamara.

El Presidente Gabriel Boric figura también como imputado en esa causa por un presunto fraude al fisco y prestó declaración hace cerca de dos semanas ante el fiscal Cooper en La Moneda.

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