Desde 2022 las personas que figuran en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos (RNDPA) no pueden obtener o renovar su licencia de conducir.
Esto se da bajo la Ley 21.389, la cual establece que el funcionario municipal deberá revisar si el solicitante se encuentra inscrito en el RNDPA y, en caso de ser así, deberá cancelar la solicitud. Si el funcionario incumple la normativa podría enfrentar una multa entre el 10 al 50% de su remuneración.
Más de 3 mil deudores de pensión alimenticia consiguieron licencias
La Contraloría General de la República publicó el cuarto Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el cual detalla la cantidad de municipios que han incumplido esta ley entre noviembre de 2022 y diciembre de 2024.
El informe indica que de las 342 municipalidades del país 242 habrían incumplido con la normativa de restringir el acceso de licencias de conducir a deudores de pensión de alimentos. Esto significa que un 70% de los municipios ha infringido la norma entre 2022 y 2024.
En total unos 3.432 personas recibieron o renovaron sus licencias a pesar de figurar en el RNDPA. Entre estos deudores acumulan 4.706 niños y niñas a los que se les adeuda 17.473.007.109 pesos.
En cuanto al detalle del tipo de licencia otorgados a los deudores, el 54% corresponde a “No profesional”, 28% a “Profesional” y el último 18% corresponde al tipo “Especiales”.
Los municipios que han entregado más licencias a deudores
El informe detalla que en la Región Metropolitana el 94% de los municipios han entregado licencias de forma errónea.
Además, seis municipalidades acomulan más de 100 licencias entregadas a deudores, entre ellas figura: Antofagasta (172), La Granja (117), Los Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111).
Otro fenómeno explicitado por el órgano contralor es la cantidad de funcionarios municipales que consiguieron su licencia a pesar de estar en el registro. En total 65 funcionarios y 1 concejal a nivel nacional consiguieron o renovaron su licencia en la municipalidad donde trabajan.
Por último el informe presenta que 482 deudores son familiares de funcionarios de las municipalidades donde consiguieron sus licencias.
