La discusión de la reforma de pensiones vive horas claves en el Congreso luego de que el proyecto ingresara este miércoles a la Comisión de Hacienda del Senado. En la instancia, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), Jorge Rodríguez, presentó un informe detallando 11 puntos riesgosos de la iniciativa del gobierno.
Rodriguez plantea que los gastos comprometidos en la reforma previsional deben estar respaldados por ingresos permanentes, dependiendo su éxito de un monitoreo constante y un reajuste oportuno. Pese a las indicaciones, Rodriguez enfatizó en que “son riesgos abordables, no insalvables”.
No obstante, fue suficiente para incubar incertidumbre en algunos parlamentarios. Ante esto, la senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica manifestó que “con un gobierno que no sabe sacar bien las cuentas, no pueden obligar al Poder Legislativo a dar curso a una reforma que ni siquiera ha llegado a nuestras manos”.
El flanco económico agudiza las dudas instalada en diputados de distintos sectores políticos, incluso de partidos que conforman el Socialismo Democrático. El diputado Marcos Ilabaca (PS), pese a que valora ciertas normas del proyecto, anunció que rechazará el aumento diferenciado por edad de la PGU. “No es justo para los jubilados”, precisó el diputado.
Así las cosas, el futuro de la reforma previsional es incierto y depende de las negociaciones que pueda gestionar el gobierno con parlamentarios dubitativos al respecto.
¿En qué consiste la reforma?
En el sistema actual gran parte de los aportes recaen en los trabajadores y trabajadoras, cotizando por el 10% de sus remuneraciones imponibles. Por otra parte, los empleadores realizan un aporte del 1,5% de las remuneraciones imponibles del trabajador para el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).
La reforma previsional plantea que al 1,5% destinado al SIS, se sume una nueva forma de cotización del 7%, el cual deberán aportar los empleadores. De esta forma, la cotización total del empleador —considerando el 7% de la nueva cotización y el 1,5% del Seguro Social— será de un 8,5%.
La distribución del 8,5% quedará de la siguiente forma:
- 2,5 al SIS: Este porcentaje estará compuesto por el 1,5% que actualmente paga el empleador, sumado al 1% proveniente de la nueva cotización. A través de esta repartición se financiará el SIS y la nueva compensación a mujeres por mayor expectativa de vida. En tanto el SIS será administrado por el Seguro Social.
- 1,5% destinado al Aporte Diferido con Rentabilidad: Este aporte también será administrado por el Seguro Social y financiará el beneficio de 0,1 UF por año cotizado. El Beneficio por Año Cotizado tendrá un tope de 25 años cotizados (2,5 UF), con un requisito de 10 años para mujeres y 20 para hombres. Asimismo, se aplicará de modo integro los primeros 20 años e irá disminuyendo por los 10 años restantes Por otra parte, el Aporte se adjudicará a la cuenta del trabajador cotizante y aumentará en virtud de los intereses y reajustes.
- 4,5% a ahorro individual, con la finalidad de mejorar las actuales pensiones.
¿Qué dice la reforma previsional sobre la PGU?
Otro de los puntos claves de la reforma presentada por la ministra Jara, es qué pasará con la Pensión Garantizada Universal (PGU). En este punto, el proyecto contempla aumentarla a $250.000, siendo aquellas personas amparadas en leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados políticos) la prioridad.
La pensión será otorgada de la siguiente manera: después de los primeros seis meses de la publicación de la ley en el Diario Oficial, las personas que cuenten con la PGU y tengan 82 años o más, verán un aumento en el dinero.
En la misma línea, aquellas personas beneficiadas por la PGU, tengan 82 años o más y estén amparadas en una ley reparatoria, también serán de las primeras en contar con el beneficio.
A partir de los 12 meses, se incorporará el valor de la nueva PGU ($250.000) a los beneficiarios de 75 años o más. Mismo parámetro que aplicará para personas de la misma edad pero que estén ligadas a leyes reparatorias.
Finalmente, después de dos años de la publicación de la ley, las personas de 65 años recibirán la nueva PGU. De la misma manera, personas en dicho tramo etario, amparadas en leyes reparatorias, también se verán beneficiadas.
