¿Qué es el “Imsi Catcher”? El sistema de intercepción de llamadas que tensiona al oficialismo en la discusión de la ley antiterrorista

La discusión del proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista ha causado asperezas al interior del bloque oficialista, particularmente del PC, quien ha criticado el artículo que permite interceptar llamadas telefónicas.

Por Álvaro Marchant

El pasado 3 de diciembre la comisión mixta del Senado aprobó el proyecto de ley que moderniza la Ley Antiterrorista, aceptando así uno de los puntos más conflictivos del proyecto, el cual tiene relación a la intercepción de redes telefónicas, transmisión de datos, mediante sistemas que simulen sistemas de transmisión de telecomunicaciones como el “Imsi Catcher”.

La aprobación de este punto ha generado asperezas entre la coalición oficialista, particularmente por parte del Partido Comunista (PC), siendo la parlamentaria Alejandra Placencia una de las principales opositoras del “Imsi Catcher”.

Diputada Alejandra Placencia

Tras la votación, Placencia dijo que “lo que se abre es algo muy peligroso, es un espionaje masivo a la ciudadanía, eso es lo que se ha abierto con esta herramienta”.

A eso la parlamentario añadió que “no estamos de acuerdo en que se vulnere la libertad de las personas, la protección de su vida privada y de sus comunicaciones, eso es una garantía constitucional que el Estado debe respetar y las leyes que se hagan también deben hacerlo”.

Una vez finalizada su intervención, la diputada comunista anunció que acudiría al Tribunal Constitucional (TC) producto del sistema de intervención de llamadas, contemplado en el artículo 19 del proyecto de ley.

Por otra parte, desde la oposición han criticado la determinación de la diputada. En primera instancia, este martes Diego Shalper emplazó al oficialismo argumentando que para llevar al proyecto de ley al TC se necesitan 38 firmas.

Sin embargo, la diputada Daniela Serrano confirmó a este medio que la bancada del PC se encuentra alineada en esta decisión y que “respaldamos a la diputada”.

Desde el lado oficialista, el diputado del Partido Socialista (PS), Raúl Leiva respaldó el “Imsi Catcher” y explicó que “va a permitir individualizar a quién estuvo en ese lugar, generar un indicio y desde ahí una investigación (…) todo esto con la autorización de un tribunal de garantía”.

Así las cosas, la votación que pretende tener lugar mañana en la Cámara Baja llega en medio de polémicas por el Imsi Catcher y pone en incertidumbre las modificaciones a la ley antiterrorista.

¿Qué es el “Imsi Catcher”?

El “Imsi Catcher” es un dispositivo electrónico que intercepta y rastrea las comunicaciones de dispositivos móviles que se encuentren en un área determinada. El dispositivo funciona como una falsa antena, convenciendo a los celulares de la señal emitida es a la que deben conectarse.

Una vez el teléfono móvil ingrese al “Imsi Catcher”, la persona detrás de dispositivo de espionaje puede acceder a los datos del celular como: direcciones, mensajes de textos, actividades, entre otros cosas.

Precisamente, este factor es el que causó discordia entre las filas del PC. Aunque, según el doctor en Derecho y experto en materia de datos personales, Carlos Reusser, comenta que “se entiende la reserva del PC”.

Asimismo, el abogado explica que “es claro que un juez puede autorizar el uso para interceptar las telecomunicaciones de una persona determinada, pero es difícil de argumentar que el espionaje masivo de las telecomunicaciones es compatible con la garantía constitucional de no interceptación de las telecomunicaciones”.

En la misma línea, agrega que el Imsi Catcher, por el tipo de tecnología, no hay garantías de que solo se utilice para el combate contra el crimen organizado, a menos que se establezcan medidas razonables de control.

“Dicho de otra manera, el uso de esa tecnología por el Ministerio Público es equiparable a pescar con dinamita. Para encontrar lo que andas buscando, tienes que interceptar las comunicaciones de todos los que pasan cerca del IMSI”, subrayó Reusser.

Fast Check CL es un medio que depende de sus suscriptores para financiar el equipo de trabajo. Sin ti este proyecto finalizará en 2025. Considera ser suscriptor por 1.500 pesos mensuales. Puedes cancelar cuando tu quieras.

Te puede interesar:

“Murió actor Jorge Enrique Abello”: #Falso

Circula en TikTok una supuesta noticia que asegura que el actor colombiano, Jorge Enrique Abello falleció. Fast Check CL califica esto como #Falso, pues no se ha reportado su muerte. Además, periodistas colombianos aseguran que esto no se ha transmitido en televisión nacional.

Facturas falsas y proveedores fantasmas: SII se querella contra ejecutivos de Ciudad Limpia S.A, empresa de residuos que atiende a Recoleta, Lampa y Concepción

La acción judicial presentada por el SII, identifica a cuatro personas: el representante legal (actual gerente general), un socio, el exgerente general y la exencargada contable. El Servicio de Impuestos Internos solicitó al Ministerio Público la formalización del caso que, presuntamente, habría provocado un perjuicio fiscal que asciende los $177 millones.

“China impone una nueva moneda en Venezuela”: #Falso

Se ha viralizado por TikTok, un video que afirma supuestamente que China «impondrá una nueva moneda en Venezuela». Sin embargo, esta afirmación es #Falsa, ya que no hay registros de la supuesta imposición y colegas venezolanos lo desmienten.

La causal de violación no obliga a interponer denuncia: #Impreciso

En entrevista con Estado Nacional, el diputado Johannes Kaiser afirmó que, en la causal de violación contemplada en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no se exige presentar una denuncia contra el violador. Esta afirmación es #Imprecisa. La Ley 21.030 establece que los recintos de salud deben denunciar los casos de violación cuando la víctima es menor de edad. En el caso de víctimas mayores de edad, no se exige denuncia, pero sí se debe oficiar al Ministerio Público.

Últimos chequeos:

La causal de violación no obliga a interponer denuncia: #Impreciso

En entrevista con Estado Nacional, el diputado Johannes Kaiser afirmó que, en la causal de violación contemplada en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, no se exige presentar una denuncia contra el violador. Esta afirmación es #Imprecisa. La Ley 21.030 establece que los recintos de salud deben denunciar los casos de violación cuando la víctima es menor de edad. En el caso de víctimas mayores de edad, no se exige denuncia, pero sí se debe oficiar al Ministerio Público.

“Contraloría detectó que la alcaldesa comunista Carla Amtmann no rindió $40 mil millones”: #Falso

En redes sociales se afirma que la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, no rindió $40 mil millones, según un supuesto informe de Contraloría.
Sin embargo, esta información es falsa. La Contraloría General de la República no ha emitido ningún informe en 2025 contra la Municipalidad de Valdivia, y los cuestionamientos por rendición de fondos corresponden en realidad al Gobierno Regional de Los Ríos, entidad distinta y autónoma del municipio que lidera la alcaldesa.

“Murió actor Jorge Enrique Abello”: #Falso

Circula en TikTok una supuesta noticia que asegura que el actor colombiano, Jorge Enrique Abello falleció. Fast Check CL califica esto como #Falso, pues no se ha reportado su muerte. Además, periodistas colombianos aseguran que esto no se ha transmitido en televisión nacional.

Juan Sutil: “El Estado debe subsidiarnos a los empresarios que exportamos”: #Falso

En X se comparte que el expresidente del CPC, Juan Sutil, dijo que el Estado debiese subsidiar a las empresas exportadoras, en el contexto de los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos. Sin embargo, esto es #Falso. Tras revisar sus declaraciones en distintos medios, no se encontró registro de que haya dicho esa frase. Además, el propio Sutil desmintió la cita

Facturas falsas y proveedores fantasmas: SII se querella contra ejecutivos de Ciudad Limpia S.A, empresa de residuos que atiende a Recoleta, Lampa y Concepción

La acción judicial presentada por el SII, identifica a cuatro personas: el representante legal (actual gerente general), un socio, el exgerente general y la exencargada contable. El Servicio de Impuestos Internos solicitó al Ministerio Público la formalización del caso que, presuntamente, habría provocado un perjuicio fiscal que asciende los $177 millones.