Por vender productos sin la certificación necesaria: justicia determina que Casa Royal deberá pagar millonaria multa

La acción legal fue impulsada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por no tener la certificación adecuada en algunos de sus productos importados. El tribunal determinó una multa de 142 UTM, que se traducen en $9.367.314.
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La acción legal fue impulsada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por no tener la certificación adecuada en algunos de sus productos importados. El tribunal determinó una multa de 142 UTM, que se traducen en $9.367.314.


Por Fast Check CL

La Quinta Sala del tribunal de alzada determinó multar con 142 UTM —equivalente a aproximadamente $9.367.314— a Casa Royal, debido a la comercialización de productos importados que no contaban con la certificación necesaria.

Todo inició tras la sanción impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La primera acción al respecto, fue en enero de 2022, cuando la SEC solicitó a Casa Royal información sobre ciertos productos que, según indicaron, no cumplían con las normas de certificación necesarias para su venta.

Según consigna ElDesconcierto, ocho meses después, la empresa respondió la solicitud a la SEC, en la cual parecía solventar algunos de estos problemas, levantando ciertos cargos.

Sin embargo, la arremetida más fuerte fue en diciembre de ese año, cuando la SEC notificó a Casa Royal con una multa de 58 UTM por los cargos previamente levantados.

El conflicto se agudizó aun más en abril de 2023, cuando la SEC emitió otra resolución, esta vez imponiendo una multa de 142 UTM ($ 9.367.314) por los mismos hechos. Casa Royal respondió rápidamente con un recurso de reposición, que fue rechazado en junio de 2023.

La empresa argumentó que la segunda multa era inválida, basándose en que la primera resolución, aunque defectuosa por carecer de fecha y firma, había sido notificada y, por lo tanto, debería ser considerada válida.

El tribunal finalmente desestimó los argumentos de Casa Royal, concluyendo que la falta de formalidades esenciales, como la firma y la fecha, hacían que la primera resolución no pudiera ser considerada un acto administrativo válido.

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