Fast Check CL solicitó por Transparencia a Carabineros de Chile el número de personas afectadas por Violencia Intrafamiliar (VIF), para dimensionar el problema de las denuncias y del femicidio en nuestro país, que el gobierno de Chile ha decidido indicar, en reiterados informes, como “una tendencia estable”.
Por Fabián Padilla
Al 27 de agosto de este año 2020, se registran 24 femicidios consumados, más de la mitad de los que se cometieron el año anterior y aún quedan cuatro meses para que termine el año.
Al mirar las estadísticas anuales de este delito, podemos ver que, desde el 2013 en adelante, en promedio, hay 39,3 asesinatos por año a mujeres por el hecho de ser mujeres. Si además miramos la cifra de femicidios frustrados en 2020, la situación es muy similar, hay un número estable de intentos de asesinato hasta el presente año.
Sin embargo, si el año anterior (2019) hubo 109 femicidios frustrados, al 27 de agosto del presente, el Ministerio Público informó 80 casos frustrados: un 73% del total del año anterior, quedando—nuevamente—aún cuatro meses para que concluya el 2020.
Casi un mes después de la marcha del 8 de marzo, que congregó a más de dos millones de mujeres en las calles de Santiago, la Fiscalía publicaba que en Chile habían aumentado los femicidios frustrados y que bajaron las denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF). La publicación del Ministerio Público coincidía con que, en ese mismo momento, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se encontraba sin ministra, después que Isabel Plá renunciara al cargo, cinco días después del “8M”.
“Contrario a la tendencia internacional de un incremento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento, en Chile los delitos cometidos en ese contexto durante el Estado de Catástrofe cayeron un 18,6%, lo que, a juicio del Ministerio Público, no significa que se estén cometiendo menos delitos de esta naturaleza, sino más bien por la imposibilidad de que las víctimas tengan fácil acceso a los canales de denuncia.”
Nota de prensa del Ministerio Público – 2 de abril 2020
Esta advertencia de la baja en las denuncias de VIF se debe a que el “confinamiento o la recomendación de quedarse en la casa y, por lo tanto, de no disponer de libertad ambulatoria, dificulta el acceso libre para denunciar“, explicó Erika Maira, Gerenta de Víctimas de la Fiscalía Nacional.
Es por tal razón que Fast Check CL preguntó a Carabineros de Chile, a través de transparencia, el registro total de afectados y afectadas por violencia intrafamiliar (VIF) durante los años 2018, 2019 y parte del 2020, con el fin de poder dimensionar el fenómeno de las afectadas por violencia intrafamiliar.
Violencia Intrafamiliar
En términos generales, del total de afectados y afectadas por VIF durante estos últimos tres años, la proporción 80% mujeres y 20% hombres es inalterable.
En 2018 hubo un total de 110.256 casos de violencia intrafamiliar registrados por Carabineros, de los cuales un 79,6% fueron hacia mujeres. En 2019 la cifra total de VIF creció un 8,4%, llegando a 119.539 casos, de los cuales un 79,06% fueron hacia la mujer.
En 2020 solicitamos los casos del 1 de enero al 30 de junio, los que dieron un total de 53.877, donde un 79,6% son violencia para mujeres, versus un 20,3% para hombres.
Por lo tanto, la cifra de femicidios en Chile va en un preocupante aumento y la de violencia intrafamiliar (VIF) demuestra ser territorio inexpropiable de las mujeres en una relación 80/20, que también creció en frecuencia, de 2018 a 2019, en ocho puntos —campeando en 2020—lo que nos permite preguntar ¿cómo ha pasado tanto tiempo sin que este problema tenga una solución efectiva a la altura de sus estadísticas?
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género
Es difícil preguntar al Estado qué pasa con estas cifras. La principal razón es que en dos años de gobierno han habido tres ministras de la Mujer y Equidad de Género.
La mujer que asumió con el Presidente Piñera en 2018 fue la militante UDI y relacionadora pública, Isabel Plá. Sin embargo, el 13 de marzo de este año renunció, tras un serio cuestionamiento a su actuar como ministra, durante el Estallido Social.
Después de casi dos meses con el ministerio “descabezado” formalmente, con una autoridad interina, el 6 de mayo se nombró a la militante UDI y periodista, Macarena Santelices, quien duró un poco más de 30 días en el cargo. Una vez asumida, agrupaciones de mujeres protestaron en redes sociales con el hashtag #NoTenemosMinistra, haciendo ver que su poca experiencia en la materia y la defensa al legado económico de su abuelo, el dictador Augusto Pinochet, no la hacía compatible en el cargo, lo que devino en que diera un paso al costado.
Finalmente, asumió y continúa como ministra, Mónica Zalaquett (militante UDI con estudios en periodismo y ciencia política), quien se desempeñaba como subsecretaria de Turismo desde el 2018. Al igual que Santelices y Plá, Zalaquett también es militante de la Unión Demócrata Independendiente y no posee una vasta experiencia técnica en la materia.
Políticas públicas
En la Cuenta Pública del 2020, el Presidente Piñera tuvo solo una frase de política pública para las mujeres: pidió al congreso “acelerar la aprobación de los proyectos de ley que eliminan las discriminaciones en materia de administración de la sociedad conyugal y el injustificado plazo de 270 días para contraer segundas nupcias. Así habremos, por fin, eliminado de nuestras leyes toda discriminación contra la mujer”.
Fast Check CL y otras cuatro agrupaciones de fact-checking verificamos el único pronunciamiento, en materia de políticas públicas, del mandatario hacia las mujeres en el discurso más importante del año al Congreso y la nación: frase que terminó siendo calificada como falsa.
Conversamos con diversos abogados y abogadas especialistas, quienes descartaron que con la aprobación de esta medida se acabe toda discriminación hacia la mujer. Puedes revisar esta publicación en el sitio web de www.factcheckingcuentapublica.cl o en el siguiente link.
Yendo, no obstante, al punto de fondo, no hubo pronunciamiento del Presidente por el incremento del 250% en ingresos de femicidios en 2020 y tampoco sobre las 42.897 mujeres afectadas por violencia intrafamiliar desde enero al 30 de junio, de las cuales 1.656 casos correspondieron a menores de edad.
Ley Gabriela
Señalamos a las menores de edad, porque la Ley Gabriela, que endurece las penas a los femicidas, fue bautizada en memoria de Gabriela Alcaíno, mujer de 17 años, asesinada junto a su madre de 56 años, por la ex pareja de la menor, Fabián Cáceres.
Cáceres fue formalizado por homicidio simple “y no por femicidio, debido a que la ley establecía como femicidio solo los crímenes cometidos por su cónyuge, ex cónyuge, conviviente o ex conviviente.” Esto motivó a que la ahora ley fuera promulgada con mayor celeridad.
Este mensaje legislativo, aprobado transversalmente en 2019 por el Congreso Nacional, no fue impulsado por el gobierno, sino por parlamentarios y parlamentarias de la Oposición y la diputada Marcela Sabat de Renovación Nacional, partido que, siendo oficialista, no ha podido tener injerencia en la decisión de quién lidera el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, considerando la alta rotación de nombres en el cargo y las críticas de la centro derecha a la gestión del ministerio y rol efectivo en la construcción de políticas públicas.
Marcela Sabat, en entrevista con La Tercera, indicó que “Luego de la salida de Isabel Plá, Carolina Cuevas—subsecretaria— venía desarrollando un gran trabajo. Pero la intermitencia en el cargo, desde luego, no ayuda a mantener la continuidad necesaria en la implementación de medidas en el contexto de la emergencia sanitaria. Creo que lo importante es dar vuelta la página ya, no hay más margen de error ni en comunicaciones ni en la ejecución de programas que vayan en beneficio directo de las mujeres de Chile“:
En la promulgación de la ley, el Presidente Piñera, acompañado de la exministra de la Mujer, Isabel Plá, dijo: “Está ley cierra una ventana de impunidad… La Ley Gabriela viene a hacer justicia”, lo que celebró como parte de su gestión.
Regiones descontroladas
En Chile la tasa nacional de VIF en 2018 fue de 627 cada 100.000 habitantes y en 2019 de 680 cada 100.000 habitantes. Pero hay regiones que superan ampliamente el total nacional, como son el caso de: Aysén, Los Lagos, Los Ríos, la Araucanía, Arica y Parinacota y la región de Tarapacá.
Tarapacá Top 1
Como se puede ver en el gráfico, la región de Tarapacá es por lejos la zona donde más hay afectados por Violencia Intrafamiliar (VIF). Esto tiene dos caras. La primera es que puede ser que haya un aumento considerable en las denuncias por VIF, lo que se debe al trabajo de policías y el gobierno en promocionar la denuncia efectiva por violencia.
Pero, no deja de ser relevante que esta cifra sea, por dos años consecutivos (al menos), una región muy afectada por VIF.
El salto de Atacama y Los Lagos
En Atacama está el mayor aumento porcentual de VIF de 2018 a 2019, con un 17% más. La región de Los Lagos muestra un incremento del 14% en la tasa de afectados por violencia intrafamiliar, quedando a la par casi con Tarapacá.
Coquimbo también dio un salto importante, aunque sigue en el promedio nacional.
“Las mujeres en una gran mayoría no denuncian, por el sistema las revictimiza”
Entrevistamos a Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad, que también fue asesora en gestiones anteriores del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con amplia experiencia en temas de políticas públicas de género y de equidad, para conocer su visión sobre este problema.
Lo primero que nos dice es que las mujeres no creen en el sistema. “Las mujeres no denuncian, porque el sistema las revictimiza”.
¿Por qué las mujeres dejaron de creer en que el Estado puede protegerlas?
Cuando las mujeres le dan chance al sistema, el sistema las revictimiza. No las llama. Por ejemplo, en el caso de las víctimas de violencia sexual, puede pasar un mes y no las llaman.
¿Cuál es el problema mayor que tiene el sistema actualmente en el combate contra la violencia intrafamiliar y el femicidio?
El Estado no tiene un marco cognitivo, que le permita ver el delito que enfrenta. Eso es lo grave. No es igual el robo de una cartera y su posterior denuncia, que el de una mujer que denuncia la violencia que ejerce su pareja o ex pareja, porque en esta última hay una historia de violencia. En general las mujeres denuncian cuando perciben que su vida está en riesgo. Pero muchas veces no denuncian, porque piensan que corren más riesgo al denunciar, lo cual es absolutamente comprensible porque están conscientes que el Estado les falla.
¿Cómo afecta esto de no denunciar por miedo durante la pademia?
No es sólo miedo, existe la percepción de riesgo que es real cuando ellas denuncian. Hay mujeres que dependen económicamente de sus agresores, vivir el hambre en pandemia no es fácil, probablemente muchas están decidiendo seguir viviendo con sus agresores. Y yo sería incapaz de cuestionar a las mujeres por las decisiones que toman en este contexto.
El servicio nacional de la mujer tenía por meta 2020 abrir seis centros de la mujer Sernameg con el fin de promover espacios seguros para la atención integral de mujeres con o sin denuncias por violencia, ¿qué pasó con ellos?
Por cumplimiento de metas, el servicio tenía que abrir seis nuevos centros, ampliando la respuesta del Estado en atención. ¿por qué se toma la decisión de no abrirlos? Es una pregunta que debemos hacer al Ministerio de Hacienda.
¿Pero esta decisión de Hacienda es en base al recorte presupuestario por Covid?
No. Inicialmente estaba la decisión de retardar su apertura. La autoridad decide mejorar los sueldos de las y los profesionales que trabajan en los centros que están operativos. Lo que me parece que está bien. Mejorar las condiciones laborales de esos y esas trabajadoras precarizadas que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia es muy importante. Las autoridades pensaron que en los meses siguientes podrían negociar nuevos recursos para implementar los seis centros comprometidos para el 2020. Por alguna razón antes de la pandemia se toma la decisión de reducir el número de centros nuevos, de seis a tres. Finalmente llega el coronavirus y se decide sólo abrir uno. Ojo, estamos hablando de una respuesta pública que Naciones Unidas, los mecanismos de seguimiento de Convenciones internacionales en materia de DDHH de las Mujeres, le han dicho a los Estados: En contexto de pandemia estos servicios deben ser reconocidos como esenciales, es decir que deben seguir operando, no pueden suspender su servicio. En el contexto en que se requiere urgentemente al Estado más cerca de las mujeres, se toma la decisión de no acercarlo. Otra vez, la pregunta de por qué no se implementan, debemos hacerla a Hacienda.
Tú estuviste en el Estado, conoces cómo funciona la negociación de los diferentes ministerios con Hacienda, pero me gustaría preguntarte más allá de eso ¿qué diferencias ves entre las gestiones pasadas, de las cuales participaste, a la actual?
En el ministerio que yo estuve hay dos diferencias importantes. Se tuvo por primera vez una apuesta en la prevención comunitaria. Generar redes comunitarias que previnieran la violencia hacia las mujeres. Si eso aun existiera y se hubiese reforzado e incrementado, las mujeres no tendrían la sensación de abandono tan grande de parte del Estado.
Por otra parte, antes teníamos ministras que entendían más del tema. Laura Albornoz y Claudia Pascual, eran ministras y mujeres que entendían la problemática. Laura Albornoz confiaba mucho en sus equipos técnicos, teníamos muy buena ejecución presupuestaria, entendía el poder que significaba ser Ministra de Estado, jamás la vi renunciado a su función, como si he visto a otras autoridades lamentablemente.
¿Cómo ha impactado que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género haya tenido a tres ministras en dos años y todas ellas sin una trayectoria o conocimiento en el tema desde la perspectiva técnica?
En el caso de las actuales autoridades y sus equipos, ellas creen que el Estado opera y entiende de este problema. Casi todas las propuestas que han generado en torno a la violencia son de mayor acceso a la denuncia. Incluso sus campañas van en la lógica de la denuncia, de que todo esté en la web, pero la pregunta que surge en este contexto es: ¿por qué piensan que todas las mujeres tienen acceso a internet, que todas lo saben usar, que todas tiene un computador o un smartphone?
Pero entonces ¿cómo ven a las mujeres las actuales autoridades del Ministerio de la Mujer?
No las ven a todas, por ejemplo no ven a las mujeres mapuche atravesadas por el conflicto del Estado con las comunidades, no ven a las mujeres atravesadas por el narco, ellas piensan que todas las mujeres vamos a ir a denunciar. Eso es no entender los contextos que viven la violencia de género las mujeres. Pero una segunda cosa importante en el análisis es que ellas piensan que el Estado funciona.
¿Dónde se puede ver esta falla del Estado de Chile frente a este problema?
Ellas piensan que es: “Anda y denuncia, que después todo tendrá que ocurrir, como debe ocurrir”. Se levantan acciones públicas sobre el mismo sostén institucional que le falla a las mujeres. Las policías siguen sin entender qué están haciendo; el delito que enfrentan. Tampoco tenemos una Fiscalía que entienda lo que están haciendo, cuando archivan los casos sin investigar, siendo que este es de los pocos delitos que tú sabes quién lo cometió de antemano.
Leyendo los últimos informes 2018 y 2019 sobre femicidios en Chile (CIF) que realiza el ministerio, en ambas conclusiones, se da cuenta de una normalidad o “tendencia estable” en los indicadores de femicidios. ¿Se normalizaron las cifras de violencia contra la mujer?
Como nunca hemos sido advertidos y advertidas por Naciones Unidas y expertas internacionales y nacionales, que el problema de la violencia contra la mujer será cada vez peor. El otro día me entrevistó una profesional de un espacio que se llama “Que la igualdad sea tendencia”, me dijo que al revisar las cifras ella veía que ni siquiera teníamos más femicidios que antes. A mí se me cayó el pelo cuando la escuché.
Cuando ves la forma en la cual matan a las mujeres, es muy distinto de cómo las mataban antes. Hoy existe una expresión de crueldad mayor frente al femicidio frustrado y al consumado. Después de Nabila Rifo el delito es más expresivo.
Hay una práctica normalizador de la violencia hacia las mujeres. Primero decir que no han aumentado, cuando es brutal que digan eso, cuando el riesgo es previsible. La actual subsecretaria fue a exponer al Congreso por este tema en el marco del Covid-19 y partió su intervención diciendo que: “las mujeres son erráticas”, para justificar la baja en la cantidad de denuncias por VIF durante la pandemia.
Yo tengo la sensación que esta autoridad no conoce el rol que tiene. Desde la teoría de las organizaciones, se dice que cuando tú no quieres hacer transformaciones, se pone a gente que no sabe del tema. Es probable que algo así esté pasando aquí.
“Circuito Intersectorial del Femicidio”
Así se llama el informe que está disponible en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde firman la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Sename, el Servicio Médico Legal, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones.
En este documento intersectorial se catacteriza la violencia a la mujer, describiendo a víctimas y victimarios, edades, tipo de relación, tipo de armas, regiones, entre otras características
En la versión 2018 del informe sorprende saber que de los 42 femicidios consumados, solo cuatro casos ingresaron previamente al Sernameg (Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género).
En los femicidios frustrados la cifra es similar: de los 121 casos, solo 9 ingresaron antes al Sernameg. En ambos casos (consumados y frustrados) estamos hablando de menos del 9% de los casos tuvieron alguna atención o ayuda del servicio a cargo.
Lo más preocupante, es que en las conclusiones del informe se hable, en cuanto a femicidios, de que se mantiene una tendencia estable desde el año 2010.
Han pasado 10 años desde que las cifras se normalizaron. Son estables en el tiempo. ¿Eso las hace irrelevantes?
Femicidio Nº 23 del 2020
El ejemplo más vívido del 2020 sobre la falla del Estado en materia de femicidios, está presente en el caso de Ámbar, donde se puede observar cómo el sistema no pudo proteger la vida de una mujer en peligro.
Ámbar Cornejo (16) fue descuartizada y enterrada en el patio del presunto femicida, el conocido doble homicida, Hugo Bustamante, más conocido como el “asesino del tambor”, quien optó al beneficio de libertad condicional en 2016, en un paquete de 1.600 presos beneficiados ese año.
Bustamante, cuyos informes psicológicos de Gendarmería revelan que nunca comprendió la responsabilidad de sus actos, salió de prisión y rehizo su vida en Villa Alemana (Valparaíso), a regañadientes de la comunidad, que siempre supo quién era el sujeto avecindado, que asesinó y enterró en un tambor de agua a su ex pareja y al hijo de ésta.
Ámbar tuvo que dejar su casa por miedo de compartir un espacio físico con un doble homicidia confeso y no arrepentido de sus actos. En el cumplimiento de uno de sus deberes, el de ir a buscar la pensión de alimentos, que el padre le depositaba en la cuenta de la madre, Ámbar desapareció, levantando las alarmas de amigos, mujeres y la prensa.
¿Pudo saber el Estado que esta niña estaba en peligro? Sí. Ámbar Cornejo estuvo desde el año 2008 en programas del Sename. La Unicef se pronunció en este caso, señalando que:
“El Sename debe hacer cambios hoy para evitar que otra niña, niño o adolescente viva una situación como la que vivió Ámbar…los mecanismos de fiscalización y seguimiento de parte del Sename no funcionaron y no fueron capaces de protegerla, sobre todo teniendo en cuenta el largo tiempo que estuvo vinculada a distintos programas”.
Unicef – 13 de agosto 2020
Ámbar Cornejo se transformó en la víctima número 23 del listado de femicidios del año 2020, la única menor de edad del listado, cuyo caso enmudeció al Estado, que firma en sus informes que existe “una tendencia estable” en los femicidios o que “aún así se mantienen dentro de una tendencia”, como si el problema estuviera controlado.
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